Mediante la Resolución de 26 de enero de 2022, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha aprobado las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022, cuyo principal objetivo es el de intentar reducir la economía sumergida desarrollada en España o “contabilidad en B”, y luchar contra el fraude fiscal en España, que es uno de los más altos de Europa.

Con este Plan Anual, la AEAT pretende combatir y ganar la lucha contra el fraude fiscal, introduciendo métodos de trabajo, que favorezcan a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales voluntariamente y no las eluda. Estos métodos se han creado internamente a partir de patrones de comportamiento de la OCDE (más conocidos como behavioural insights).

Por otra parte, intentará disminuir y eliminar el fraude por comercio electrónico y economía digital, ya que es el punto neurálgico del fraude en la actualidad, y que se realiza a través de las nuevas plataformas digitales con las que operan emprendedores, startups, etc.

Uno de los grandes focos de defraudación sigue siendo los patrimonios ocultos en el extranjero y en paraísos fiscales. En la actualidad, la ONIF es el principal medio de la Administración para la persecución de este tipo de estructuras societarias y patrimoniales de ocultación de grandes patrimonios.

Esperemos que este Plan logre contener esta actividad defraudatoria, que en la actualidad por la subida de tipos de interés y de fluctuación en el avance económico puede verse amedrentado.

Departamento de Emprendimiento.

Juan Ruiz Martín.

Gabinete Empresarial Vergara (también conocido como GEV) es un despacho de abogados multidisciplinar que presta un servicio financiero y jurídico integral a sus clientes (www.gevergara.com).

GEV lleva más de veinte años, desde que fue fundado por las profesionales del Derecho y Economía María García-Lastra Merino y Mayte Martín de la Fuente, contando con un reputado equipo de profesionales jóvenes y dinámicos, con un dilatado bagaje y prestigio profesional en empresas y despachos nacionales e internacionales. Posteriormente, en 2011, se subió al barco de García-Lastra y Martín de la Fuente la abogada Irene Muñoz Ruiz.

GEV tiene su sede en Madrid, en el conocido Barrio de Salamanca, prestando sus servicios a nivel nacional e internacional, y colaborando con grandes firmas del mercado

El objetivo de GEV es el de ofrecer a sus clientes, un servicio individual y personalizado adaptado a los intereses y necesidades de cada uno de ellos y, sobre todo, ajustado a la realidad socioeconómica en la que nace y se desarrolla cada proyecto.

Los principios rectores de su día a día son el de la confidencialidad y diligencia en su buen hacer, lo que ha generado una confianza extrema en su cartera de clientes

GEV está orientado a un tipo de cliente, ya sea particular o empresa, que busca un asesoramiento personalizado a sus necesidades. Y eso es lo que se ha logrado prestar desde sus diversos departamentos.

Departamento de Financiero y Contable

Se presta un servicio profesional dirigido al asesoramiento financiero de la empresa, administración, contabilidad y gestión, dirigido a la llevanza del día a día de la vida societaria, diseñándose en exclusiva planes de funcionamiento y desarrollo de las políticas internas de la sociedad, gestionándose todos y cada uno de los actos financieros por los que atraviesa una sociedad desde su constitución hasta su extinción.

También se ofrece, desde un punto de vista contable, la planificación del cierre económico de cada ejercicio con la aplicación de todas las ventajas fiscales en vigor, y con propuestas de cambio o continuidad en la estrategia empresarial ante la evolución normativa y el estado de la sociedad.

Departamento Fiscal y Tributario

Se imparte un asesoramiento legal, tanto a particulares como a empresas, sobre las alternativas de rentabilidad y optimización fiscal de sus intereses económicos, diseñando y desarrollando aquellas políticas fiscales idóneas para los intereses de cada cliente.

Este departamento se ha especializado en la llevanza de procedimientos judiciales contra la Administración en diversas materias en boga

Departamento de Derecho Procesal y Societario

Se otorga un servicio precontencioso y contencioso a los clientes de GEV, proporcionando diversas alternativas de solución, siempre satisfactorias y acorde con los intereses de los clientes del Despacho, tanto por la vía judicial como extrajudicial, arbitral o mediación.

Derecho Privado, Familia, Sucesiones y Grandes Patrimonios

Se ofrece un asesoramiento integral referente a los intereses personales y económicos de los clientes, protegiéndose su patrimonio familiar y asistiendo a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que pudieran devenir por conflictos familiares y/o personales en materia de familia y sucesiones, como impugnaciones testamentarias y/o donaciones, procedimientos de nulidad, separación o divorcio, etc.

Departamento de Laboral

Se presta asesoramiento, tanto a personas físicas, como a personas jurídicas, estando en estrecha colaboración con el Departamento de Recursos Humanos de las empresas clientes del Despacho para el desarrollo de las materias de contratación laboral, Seguridad Social, régimen disciplinario, política salarial y relaciones sindicales, participando en la negociación y elaboración de convenios colectivos, así como en la negociación y tramitación ante las autoridades laborales de expedientes de regulación de empleo.

GEV: un despacho en proceso de expansión

GEV es una compañía al alza, donde su incursión en el mercado legal es cada vez mayor, y su crecimiento es ascendente, tanto de proyecto empresarial como de personal y de clientela.

Nuestra previsión para el próximo ejercicio es muy positiva, siendo el Balance de la Compañía ascendente, por el incremento de clientes y nuestra adaptación y superación a las necesidades de cada uno de ellos, ajustándonos a los parámetros que cada sector requiere y al momento socio-económico en el que nos encontramos”

Mayte Martín de la Fuente Socia-directora de GEV

Precisamente, Mayte Martín de la Fuente, dentro de su Departamento de Derecho Financiero y de Empresa, ha logrado crear un Área pionera en el asesoramiento global a emprendedores (start-ups), donde ofrece un servicio profesional de gestión de empresa desde su constitución, bajo un enfoque individual y adaptado a los intereses y evolución que cada cliente precisa, sobre todo en sectores tan cambiantes como son los digitales.

Han pasado por sus manos start-ups tan potentes como La Nevera Roja, Ontruck, Housell, Motoreto o Idoven, cuyo crecimiento y expansión en el mercado nacional e internacional resulta incuestionable

La moneda que diferencia a GEV del resto de asesorías que gestionan start-ups, es la personalización e individualización del servicio que se ofrece a cada cliente, su análisis pormenorizado y adecuación a la realidad digital y tecnológica en la que nos encontramos.

Asimismo, el equipo que integra este área, destaca por ser un equipo joven y dinámico, que permite prestar un servicio profesional global, tanto a nivel financiero, contable, fiscal y jurídico legal, lo que permite a cada emprendedor tener controladas todas aquellas inquietudes que les surgen: constituir legalmente la sociedad, gestionar su contabilidad, evaluar el proyecto empresarial, configurar las rondas de inversión para inversores y nuevos socios, afrontar las primeras contrataciones laborales o reaccionar ante el marco legal que regula cualquier sociedad.

GEV es referente a nivel nacional e internacional de asesoramiento a emprendedores por la conocida ENDEAVOR, organización que lidera el alto emprendimiento en todo el mundo

GEV también desarrolla una labor social, participando en numerosos proyectos en los que imparte pro-bono un asesoramiento global empresarial.

Fuente: GEV es sinónimo de la excelencia en el asesoramiento integral a emprendedores (lavanguardia.com)

La Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma la legislación civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha buscado adecuar nuestro ordenamiento a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

Sin embargo, esta reforma no ha sido publicitada, lo que provoca que el ciudadano de a pie, la desconozca al completo, y sin conocer que ha provocado la eliminación y desaparición de tres figuras clásicas de nuestro ordenamiento jurídico, como son: la Incapacitación judicial, la tutela (para las personas con discapacidad), y la Patria potestad prorrogada y patria potestad rehabilitada.

En la práctica, ya están existiendo múltiples problemas con su aplicabilidad, ya que resulta demasiado flexible, descontrolando los efectos a nivel económico que puede generar.

La reforma tiene como punto neurálgico el de regular la figura de la “Curatela” como protagonista para la declaración judicial de las personas con discapacidad, de manera que el Curador va a tener una función básica, la Asistencial, que sólo de forma excepcional se verá ampliada a funciones de carácter representativo mediante la consiguiente declaración judicial como Curador Representativo.

Será curador la persona que de hecho viene impartiendo esa ayuda asistencial que precisa el incapaz durante un período de tiempo estable, sin necesidad de su declaración judicial como se precisaba anteriormente para ejercer la tutela de un incapaz.

Ello se refuerza con el hecho, de que en el supuesto de que una persona otorgue poder general de actuación a un tercero e incluya entre sus facultades la de validar el apoderamiento incluso en el caso de incapacidad sobrevenida, para que dicho poder general pueda ser válido en Derecho, deberá encontrarse inscrito en el Registro Civil correspondiente al nacimiento del incapaz, lo que facilitaría la calificación directa del apoderado como curador de hecho del poderdante.

Un punto muy novedoso, pero a la postre muy peligroso para los intereses personales y económicos del discapacitado, consiste en que el cargo de Curador representativo y las medidas adoptadas judicialmente sobre el incapaz, pueden ser revisadas a los 3 ó 6 años, derogándose la rendición de cuentas anual que debían realizar los tutores con la anterior normativa.

Lo que en un principio parece más ágil, en la práctica puede ser muy arriesgado, porque todo el patrimonio del incapaz queda en manos del Curador Representativo, sin necesidad de rendir cuentas anualmente, y con el consiguiente peligro de desaparición de bienes al existir un control judicial diferido en el tiempo hasta seis años.

Por lo tanto, la figura de la Tutela ha quedado reservada, única y exclusivamente, a menores de edad desprotegidos, suprimiéndose también la figura de la patria potestad prorrogada o rehabilitada para aquellos menores con discapacidad que alcanzan la mayoría de edad y no son capaces de regirse.

Departamento procesal.

Irene Muñoz Ruiz